Desde el sector inmobiliario aseguran que en la provincia hay emprendimientos que desarrollan actividades al margen de la ley, lo cual implica huecos de inseguridad jurídica para los clientes. Por eso, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Luis trabaja en una campaña de fiscalización que busca regularizar este escenario. Sostienen que reciben al menos entre dos o tres denuncias por mes por irregularidades.
“Asumimos en mayo y tomamos el compromiso, no solo con la sociedad, sino con nuestros matriculados, de exigir que todas las inmobiliarias que funcionen en el territorio puntano tengan martilleros responsables”, expresó Bruno Scanferlato, secretario de Actas y miembro del Consejo Directivo del colegio.
Según explicó, el ejercicio de las oficinas de bienes bajo la órbita legal demanda que las firmas cuenten con un socio que sea martillero matriculado; en su defecto, el dueño de la empresa tiene que registrar este requisito. Para ello, las autoridades ejercen diversos convenios con las municipalidades para que, conjuntamente, se exija que a la hora de hacer habilitaciones comerciales que opere un profesional matriculado (no basta que sea martillero, tiene que estar registrado debidamente en la institución).
Campaña de fiscalización
Desde el colegio buscan educar a la sociedad para que siempre determinen que los sitios inmobiliarios con los que harán interacción cuenten con un martillero matriculado para un respaldo jurídico concreto. En ese sentido, desarrollan un proceso de fiscalización para identificar cuáles son los espacios que trabajan fuera de la ley y en qué condiciones disponen sus actividades, para regularizarlos e identificar incumplimientos.
La Republica