El Gobierno provincial contiene, capacita y acompaña a los beneficiarios para así responder a solicitudes de las empresas privadas. Así se amplía la oferta laboral, lo que es clave en la reactivación económica, cumpliendo el objetivo del plan: la inclusión social.
El 1° de abril, el gobernador Alberto Rodríguez Saá anunció, dentro de la continuidad de la política de inclusión social, nuevos paradigmas para su reconducción y saneamiento: “Volver a la cultura del trabajo”, dijo aquél día.
Para retomar aquél espíritu y conocer las características, experiencias, habilidades y aspiraciones de los integrantes del plan, se realizó un censo y a partir de esos datos se busca una inserción laboral acorde a las capacidades del trabajador y las necesidades del mercado laboral.
Como resultado de esta acción, el Ministerio de Desarrollo Social lanzó el Programa de Promoción Laboral, el cual tiene como objetivo central y primordial combatir el desempleo y generar la inclusión social y laboral de los beneficiarios de Inclusión Social. En esta dirección, el Gobierno provincial sancionó la Ley N° VIII-0945-2016 referida a la Ley de Empleo, la cual busca afianzar el trabajo formal de los puntanos, a través de la suscripción de convenios con los beneficiarios de Inclusión Social.
“Desde el inicio de la gestión, uno de los pedidos puntuales del gobernador fue jerarquizar al Plan de Inclusión para que cumpla con el objetivo que siempre tuvo: la reinserción laboral de todos los beneficiarios. Y comenzamos con este censo que nos llevó un tiempo pero que recopilamos información muy importante de cada uno de los beneficiarios”, recordó el ministro de Desarrollo Social, Nicolás Anzulovich, quien subrayó que la base de datos “nos está facilitando muchísimo la tarea de la inserción laboral, ya que, al venir las empresas y solicitar los perfiles muy específicos de los trabajadores, nosotros los podemos seleccionar rápidamente y cumplir con estas expectativas”.
Anzulovich destacó: “Casi de manera diaria, se recibe a empresas, comercios, pymes que se acercan a consultar cómo es la operatoria para que el beneficiario de Inclusión Social se inserte en sus empresas, así que estamos muy conformes con el Programa”.
La búsqueda de igualdad de oportunidades
Si bien es cierto que la mayor concentración de empresas se da entre los departamentos Pedernera y Pueyrredón, alrededor de las ciudades de gran densidad de población como San Luis y Villa Mercedes “hemos logrado insertar laboralmente a trabajadores del departamento Dupuy, en localidades como San Jerónimo o Concarán por nombrar algunas, justamente pensando en que no solo aquellos beneficiarios de las grandes ciudades tengan la posibilidad de ingresar al mercado laboral, sino también para que la tengan aquellas personas del interior provincial. Para ello, con el Ministerio de Producción visitamos empresas e industrias tratando de lograr convenios para aumentar la demanda de trabajadores en toda la provincia”, señaló el jefe del Subprograma Promoción al Trabajo, Marco Puertas.
El funcionario destacó la labor mancomunada entre el sector empresario, industrial y el Gobierno provincial para dar respuesta a la necesidad de que cada beneficiario del Plan de Inclusión consiga un trabajo mejor. En ese aspecto, otras de las acciones que resultaron tras el censo fue la capacitación a través de la Universidad Provincial de Oficios y la Universidad de La Punta con programas específicos que posibilitan una formación adecuada.
“Lo que más piden las empresas son perfiles orientados a oficios: herreros, soldadores, carpinteros, también vinculados al rubro alimenticio como panaderos o carniceros y con conocimientos en los movimientos de una oficina para ser administrativos”, contó Paula Penna, jefa del Área de Desarrollo del Capital Humano, reforzando el concepto de necesidad de la preparación del beneficiario para tener mayores herramientas a la hora de la oportunidad de inserción laboral y en donde el Ministerio de Desarrollo Social está haciendo hincapié con sus políticas.
“Tanto la UPrO como la ULP van a capacitar a los beneficiarios de Inclusión en los oficios más pedidos para darles experiencia previa y prepararlos en la espera de la inserción laboral”, explicó la funcionaria.
La Provincia como nexo entre el trabajador y la empresa
“Se establece el contacto con la empresa, nos indican el perfil que debe tener el beneficiario (edad, experiencia, oficio, etc.) y lo que hacemos desde el Ministerio de Desarrollo Social es una preselección en nuestra base de datos. Luego lo convocamos para comentarle los requisitos y exigencias de la empresa donde vemos si los perfiles se adecuan o no, finalmente se concreta una entrevista laboral con la empresa que se va a seleccionar. De esta manera, le damos la tranquilidad a la empresa de que las y los beneficiarios que sean seleccionados de acuerdo a la demanda solicitada”, detalló Penna.
Un proceso con acompañamiento del Estado provincial
Los tres primeros meses son a prueba a los fines de capacitar a los beneficiarios durante los cuales seguirán percibiendo el beneficio de Inclusión Social como también serán acreedores de ART por parte del Ministerio. El fin del plazo señalado tiene como naturaleza convertirse en una etapa de capacitación para que el beneficiario pueda afrontar de la mejor manera la nueva tarea a desarrollar. Cumplidos los tres meses, las empresas podrán contratar al beneficiario, incorporándose a su planta laboral quedando bajo el Convenio Colectivo de Trabajo del rubro correspondiente.
Pero también es un beneficio para las empresas porque en caso de contratación, los primeros tres meses, el Gobierno de la Provincia de San Luis otorgará el equivalente al 100% de lo que actualmente cobra el beneficiario de Inclusión Social, los tres meses siguientes se otorgará el 75%, los tres que le siguen del 50% y los tres últimos meses el 25%.
Además, se determinó que, sobre el total del subsidio económico que el Gobierno entregará a las empresas, el 50% se adjudicará como crédito fiscal, que puede ser utilizado para pagar el impuesto provincial que elija.
Por otro lado, el Gobierno de San Luis sancionó la Ley N° VIII-1060-2021, la misma refiere a la Reactivación Económica cuyo procedimiento consiste en contratar a beneficiarios – sin el período de prueba previsto en la ley mencionada anteriormente – otorgándoles “alta temprana”, es decir, incorporándolos a su personal de manera inmediata.
Los beneficios que se obtendrán por lo dicho anteriormente, será el otorgamiento de $50.000,00 por beneficiario por un plazo de 12 meses.
“La verdad que es un programa con el que nos está yendo muy bien. El número de beneficiarias y beneficiarios que logran trabajo genuino crece todas las semanas, lo cual nos pone sumamente contentos porque esto significa también que la provincia está teniendo una reactivación económica muy importante”, cerró Anzulovich.
Nota y video: ANSL.
Fotos: Gentileza Ministerio de Desarrollo Social.