FAA debate el impacto del DNU y la Ley Ómnibus en los productores manteniendo reuniones con distintos bloques de Diputados Nacionales
Desde la Federación Agraria Argentina hemos manifestado nuestra preocupación ante el avasallamiento a la división de poderes, que, junto al respeto por la Constitución Nacional, creemos son los pilares esenciales para garantizar los derechos y libertades de los argentinos, convencidos además que el Congreso Nacional es el espacio adecuado para ejercer cualquier debate público que afecte la vida de los argentinos, mediante el diálogo y el trabajo de todos los sectores, para confluir en alcanzar los objetivos de bien común.
En este sentido, los dirigentes federados venimos manteniendo reuniones con legisladores nacionales de diferentes bloques de la Cámara de Diputados, como la semana pasada con el Bloque de la UCR, y en el día de ayer 10 de enero en el Congreso Nacional con el Bloque de la Coalición Federal, con la presencia de la conducción de Federación Agraria Argentina.
En ambos encuentros, desde la FAA sostuvimos nuestra preocupación por las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, y por ello reiteramos la necesidad que los debates y las decisiones deban pasar por el Congreso, sin que el ejecutivo nacional se arrogue facultades otorgadas constitucionalmente al ámbito parlamentario.
En materia agropecuaria, hemos manifestado nuestra posición respecto del proyecto de Ley Ómnibus enviado al Congreso para su tratamiento, y los planteos puntuales que nos afectan como pequeños y medianos productores, como el aumento de retenciones en economías regionales, la adhesión a UPOV 91 y la pérdida del derecho de uso propio del agricultor, la posible privatización e intervención, o disolución de entes y organismos extremadamente necesarios para el desarrollo rural que pretendemos y el de nuestros productores (como ejemplo el Banco de la Nación Argentina, el INTA, el INASE, SENASA, entre otros).
Seguimos sosteniendo que el DNU, aún no tratado por el Congreso de la Nación, pone en desequilibrio la división de poderes. Si bien cuenta con aspectos positivos y negativos, rechazamos expresamente la iniciativa incluida allí de derogar la Ley de Tierras, que, al no poner límites a la compra de tierras por parte de extranjeros en nuestro país, pone en riesgo la supervivencia de los productores y la soberanía de nuestros recursos naturales.