Uno de los proyectos enviados por el gobernador, Claudio Poggi a la Legislatura tiene como objetivo ponerle fin a la paralización judicial de un mes y medio, denominada “feria judicial”. El Mandatario busca devolverle a la ciudadanía el derecho de acceso a la justicia de forma ininterrumpida.
“El derecho de acceso a justicia de los ciudadanos se contrapone con la paralización del Poder Judicial por un mes y medio”, dijo Poggi y afirmó que ese lapso tan prolongado de suspensión de los plazos procesales afecta de modo directo la eficiencia del servicio.
¿Pero en que consiste el proyecto y cuáles son los fundamentos del mismo?
Entendiéndose que la administración de justicia constituye una de las funciones primordiales del Estado, se busca asegurar la atención a la comunidad de forma ininterrumpida.
El servicio de justicia abarca no solo la resolución de conflictos y la aplicación de sanciones, sino también la prevención y la mediación de disputas, la protección de los más vulnerables, la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz social.
Se trata de un componente esencial para el adecuado funcionamiento de una sociedad democrática, ya que contribuye a la estabilidad, cohesión y progreso social. “Sin un sistema de justicia eficaz y accesible, los ciudadanos estarían desprotegidos frente a abusos, injusticias y violaciones de sus derechos”, rezan los considerandos del proyecto.
La Ley Orgánica del Poder Judicial de San Luis establece períodos de receso judicial durante el mes de enero y un período adicional de doce días corridos a mediados del año judicial. Durante estos lapsos, llamados “feria judicial”, los plazos procesales no corren y se limita la atención de solo ciertos asuntos.
La existencia de tales períodos, aunados a la paralización de la actividad judicial en días sábados, domingos y festivos, impone interrupciones adicionales al funcionamiento del sistema judicial, lo que conduce a una acumulación significativa de casos pendientes, sobrecargando el sistema judicial y retrasando la resolución de conflictos.
Eliminar la “feria judicial” permitiría una distribución más equitativa y eficiente de los recursos judiciales a lo largo del año, incrementando la capacidad para atender a los litigantes de manera oportuna.
En la actualidad, el período de cuarenta y cinco (45) días de paralización de la actividad judicial, carece de justificación.
La imperiosa necesidad de contar con un sistema judicial más eficiente que garantice el acceso a la justicia de todos los ciudadanos, sin interrupciones prolongadas por períodos de receso judicial y días festivos, es evidente.