Según la circular, se deberán anular no solo los contratos de reparación y construcción de carriles sino también todos los servicios como el mantenimiento de la iluminación en cruces, de las banquinas o cortar el pasto. Esto pone a los funcionarios a tiro de demandas penales por posibles accidentes y víctimas fatales. En el Departamento Roca, al Sur de Córdoba, unos 40 km de la ruta nacional 35 esperan por ser repavimentados según un proyecto que fue paralizado en 2018, desde ese entonces se han venidos sucediendo accidentes en este sector, muchos de ellos causados por el mal estado de la carpeta asfáltica.
Resulta necesario arbitrar los medios para proceder al cierre de los contratos de obra pública bajo cualquier Sistema de Gestión”, señala el escrito y hace una recomendación de proceso administrativo para evitar juicios.
“A los efectos de hacer más efectivo y eficiente el sistema de obras públicas, evitando litigios administrativos y judiciales, se deberán impulsar las distintas tramitaciones por terminación de obra, limitación y/o rescisión de mutuo acuerdo”, agrega la circular y le pide a los gerentes que se rijan por el Proceso N° 24 de Vialidad Nacional, el reglamento y flujograma que rige a la dependencia.