Hay detenidos por hackear servidores de empresas de streaming y están investigando bajo sospecha la complicidad de revendedores locales involucrados.
Una publicación en redes sociales fue clave en la investigación, era para festejar que la “empresa” habían llegado a los 82.000 clientes. También para informar que, por los costos de vida en la Argentina y el valor del dólar, no tenían alternativa que aumentar el abono mensual. “Estos precios pueden compararse con una pizza, una gaseosa y unas papas fritas. Nos enfocamos en que el servicio sea económico y que brinde calidad acorde al precio”. El mensaje llevaba la firma de Digital TV, señala La Nación.
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El posteo en Facebook había quedado desactualizado: Digital TV ya tendría 85.000 suscriptores que pagan, en promedio, 1200 pesos mensuales por el servicio. La firma facturaba 100 millones de pesos mensuales por un servicio ilegal: retransmisión de señales de televisión que le robaban a importantes empresas de TV satelital y de streaming.
Afortunadamente la industria y la justicia vienen tomando nota de este flagelo. Esta semana se le dio un fuerte golpe a la piratería de contenidos. En este sentido, la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) de San Isidro, con la ayuda de detectives de la Superintendencia de Investigaciones de la policía bonaerense allanaron un domicilio que operaba de bunker para piratear señales usando la marca Digital TV.
“Martín Coll se llama el sospechoso detenido. Se negó a declarar cuando fue indagado por el delito de defraudación a los derechos de autor. También se negó a entregar la clave de su teléfono celular”, sostuvo a LA NACION una calificada fuente judicial. De ser encontrado culpable en un juicio, podría recibir una pena de prisión de entre un mes y seis años de cárcel.
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Según la investigación del fiscal Musso y de los detectives de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Vicente López de la policía bonaerense, “Coll había logrado montar su propio servicio clandestino de streaming, en el cual ofrecía acceso a más de 900 señales de televisión, entre los cuales se encontraban retransmitidos ilegalmente canales exclusivos de DirecTV. En la plataforma ilegal también había 8000 películas, 400 series y se podían ver señales de diferentes partes del mundo”.
Según se pudo averiguar, Digital TV tendría 85.000 suscriptores con una facturación de $100.000 mensuales por la retransmisión de contenidos audiovisuales de manera ilegal.
Se procedió a la detención de la persona quien sería el cerebro de la banda.
Es de suponer que esta investigación irá avanzando para lograr desbaratar estos hechos delictivos y al mismo tiempo identificar a otros responsables o cómplices, incluyendo los vendedores y promotores locales. Cabe señalar que el modus operandi de este negocio pirata funciona con vendedores locales que ofrecen el servicio a través de redes sociales y whatsapp, ocultando en la mayoría de los casos el nombre o domicilio de contacto.
En este sentido, se hicieron también allanamientos en Arrecifes y Chivilcoy por la Sub DDI de Vicente López, con apoyo de las brigadas locales, identificando a otros dos hombres mayores de edad, quienes están señalados como presuntos revendedores del servicio ilegal a través de redes sociales.
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Una trampa
La aparición de aplicaciones y formas de distribución de contenidos (principalmente en el streaming) que ofrecen contenidos con la trampa de que son muy accesibles en precio; en la mayoría de los casos, por debajo de los costos de adquisición y distribución que tienen plataformas o cableoperadores que pagan por el contenido.
Hay una serie de razones por las cuales estas aplicaciones son una trampa. La App o plataforma no compra los derechos para su distribución o retransmisión. Pergeña herramientas para tomarlos y difundirlos en forma irregular, sin ningún tipo de autorización de sus dueños; incluso, menciona canales y señales incurriendo en uso indebido de marcas. La App, a la que denominaremos “trucha” incurre en un acto de práctica desleal con el cableoperador que “está en regla y paga por la programación” que luego distribuye a sus abonados. Es una “empresa fantasma o pirata”; busca solo una rentabilidad a costa de perjudicar a terceros. El usuario que contrata estas aplicaciones estaría siendo cómplice de una irregularidad.
¿Qué pasaría si el productor o generador de contenidos no quisiera invertir en el país porque no puede vender luego su producto?. ¿Qué pasaría si el cableoperador, que se ajustó siempre a derecho, desapareciera producto de la inviabilidad de su negocio?.