Terrorismo de Estado: Penas de hasta 25 años para ex policías y ex militares de la Pampa

16 agosto, 2019

El Tribunal Oral Federal de Santa Rosa emitió hoy las condenas contra los ex militares y ex policías responsables por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra civiles en La Pampa, entre los años 1975 y 1982, en la denominada circunscripción militar Subzona 1.4.

En primer lugar, los jueces del TOF José Mario Tripputi, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava, rechazaron los planteos particulares de los abogados defensores presentados durante el proceso judicial y luego hicieron la lectura de las sentencias para imputados en cada uno de los casos juzgados.

En ese sentido, resolvieron condenar a:

Luis Enrique Baraldini, acusado por delitos contra 214 víctimas, a 25 años de prisión e inhabilitacion absoluta y perpetua.

Nestor Omar Greppi, por 91 casos, a 25 años de prisión e inhabilitacion absoluta y perpetua.

Máximo Alfredo Pérez Oneto, en 22 casos: a 16 años de prisión y lo absolvieron en 13 casos en los que estaba acusado.

Carlos Rehinhart, en 35 casos: a 14 años de prisión.

Athos Reta, acusado en 34 hechos: a 12 años de prisión

Nestor Bonifacio Cenizo, imputado en 33 hechos: a 12 años de prisión.

Antonio Oscar Yorio, responde por 31 casos: a 10 años de prisión.

Juan Domingo Gatica, en 26 casos: a 12 años de prisión.

Oscar “Miseria” López, por 23 hechos: a 12 años de prisión.

Hugo Roberto Marenchino, imputado por 7 víctimas: a 10 años de prisión.

Orlando Osmar Pérez, imputado por delitos contra 31 víctimas: a 10 años de prisión. Y absuelto en un caso.

Jorge Osvaldo Quinteros, en 4 hechos: a 8 años de prisión.

Miguel Angel Ochoa, imputado por 4 casos: a 6 años de prisión.

Luis Horacio Lucero, quien estaba mencionado en el caso de la víctima Zulema Arizo, fue absuelto.

Además el TOF no hizo lugar a la calificación de genocidio y si consideró que se trataron todos crímenes de lesa humanidad.

Por otro lado ordenó la inmediata detención de todos los condenados y que se notifique ante la posibilidad de la unificación de las penas.

También se pondrá en comunicación a todas las víctimas que integraron el proceso y a las instituciones provinciales y nacionales correspondientes y al Colegio Médico por las peticiones que hicieron el MPF y las Querellas como medidas de garantía de no repetición de los hechos.

El juicio se prolongó por dos años. Se juzgaron delitos de lesa humanidad cometidos contra 234 víctimas, entre 1975 y 1982 en nuestra provincia, en la llamada circunscripción militar Subzona 1.4. Con esta sentencia se llega al final del segundo capitulo pampeano.

Víctimas querellantes presentes: Graciela Bertón, Raquel Barabaschi, Juan Carlos Pumilla y Rafael Guardia.

Querellas presentes: Franco Catalani, Miguel Villagra y Juan Resia.

Fiscales presentes: Palazzani, José Nebbia, Leonel Gomez Barbela.

Defensa publica presente: Laura Armagno y Luciano Rodriguez.

Los defensores particulares presentes: Pedro Mercado, Máximo Pérez Flores, y Gerardo Ibañez, que remplazaron al abogado Hernán Vidal.

Los que no rindieron cuentas

En total, los imputados en el juicio eran 18. Pero por razones de salud, 3 de ellos quedaron fuera del juicio antes del inicio del debate oral, y un cuarto durante las audiencias en que las víctimas dieron su testimonio.

Es el caso del ex comisario y jefe de informaciones del grupo de tareas, Roberto Fiorucci, quien estuvo presente en algunas audiencias hasta que lo mandaron a la casa por incapacidad mental y física. Es uno de los condenados en el juicio de 2010  a 20 años de prisión por delitos privación ilegal agravada en 24 hechos con uso de violencia y amenazas y 13 hechos de aplicación de tormentos.

Además, el juez federal subrogante, Luis Salas, lo procesó en julio de 2016 por delitos sexuales a dos víctimas de la dictadura, junto al ex jefe de Policía, Luis Enrique Baraldini, el ex secretario de la Gobernación de facto, Néstor Omar Greppi, el ex policía Carlos Reinhart y el ex capitán del regimiento de Toay, Jorge Omar de Bartolo.

Por razones de salud también zafaron los expolicías Omar Aguilera, Miguel Angel Gauna, y Carlos Alfredo Sabbatini. En estos tres casos las pericias de Salud fueron aceptadas por el Tribunal previo al inicio del debato oral y público.

Pedido de condenas de las Querellas

Hacia finales del 2018, los querellantes repasaron los casos de las víctimas y pidieron las condenas para todos los imputados.

Solicitaron 25 años de prisión para el exjefe de Policía, Luis Enrique Baraldini, el exsecretario de la Gobernación, Omar Greppi y el médico de la policía Máximo Alfredo Pérez Oneto.

También pidieron 22 años para los expolicías Oscar Yorio, Néstor Cenizo, Athos Reta y Carlos Reinhart. Para Oscar Alberto “Miseria” López y Juan Domingo Gatica, 20 años de prisión. A Hugo Marenchino 18 años, 14 años para Jorge Quinteros. Además, solicitaron la pena de 12 años para Luis Lucero, y para Osmar Pérez y Miguel Angel Ochoa el pedido fue de 10 años de prisión.

Además solicitó cárcel común e inhabilitación para ejercer cargos públicos para todos los juzgados. Pidió que se ponga en conocimiento al Ejecutivo y les den la baja por exonerados.

Para el médico Pérez Oneto también solicitaron la inhabilitación de la matrícula de médico que le permite seguir ejerciendo aún hoy.

Para Baraldini, pidieron poner en conocimiento a la cancillería de Bolivia, por un reconocimiento que hicieran en su momento a Baraldini cuando vivía en el país vecino.

Además solicitaron la investigación de los delitos cometidos contra familiares de las víctimas de la represión.

También que se notifique a cada una de las víctimas, la sentencia del tribunal por la molestia de llegar 40 años tarde.

Por otra parte, pidieron que en el Colegio “José Ingenieros” de Jacinto Arauz coloquen los nombres de las víctimas de la represión ilegal y se fomente el ejercicio pedagógico sobre los hechos acontecidos.

A su vez, solicitaron un acto de disculpas públicas a todos aquellos que fueron víctimas de privación ilegal de la libertad, y un resarcimiento a las víctimas que fueron cesanteadas durante la dictadura.

Otro de los puntos destacados de la lista de pedidos, fue que el Colegio Médico de La Pampa haga un acto de reconocimiento público de los hechos y un acto de desagravio hacia las víctimas por el rol que ocupó la institución durante la dictadura.

También pidieron que se constituya como Centro de la Memoria a la Comisaría Primera de Santa Rosa, donde se llevaron a cabo las torturas a las víctimas, y que se identifique los centros clandestinos de detención de la Brigada de Investigaciones en la calle Raúl B. Díaz, la Jefatura de Policía, la Comisaría de Genera Pico, Comisaría de Catriló, la Comisaría y el Puesto Caminero de Jacinto Arauz, la Comisaría de Rancul, la Unidad 13, la Unidad 4, y el destacamento de caballería con asiento en Toay, y que en todos se señalice con los nombres de las victimas.

Los abogados de las víctimas pidieron además que se informe de la sentencia a través de distintos medios, en particular los de mayor alcance como lo son Radio Nacional y Canal 3.

Como parte de las garantías de «no repetición» de los crímenes de lesa humanidad, solicitaron que se exhorte al Ejecutivo Provincial para que se cree un archivo digital con todos los documentos de la causa, no solo para el conocimiento de las víctimas, sino para toda la sociedad. Además, que se reforme a las fuerzas policiales con participación de la sociedad civil, y las reformas de las normas jurídicas de facto.

Pidieron también que el Obispado de Santa Rosa ponga en conocimiento toda la información que mantienen guardado bajo llave en la diosesis local. En el mismo sentido, solicitaron que se abran los archivos de la Policía Federal Argentina de la delegación pampeana y de la Fuerza Aérea Argentina todos entre los años 1975 y 1983.

Pedido de condena de la Fiscalía

La Fiscalía solicitó la pena de 25 años de prisión para el ex jefe de Policía, Luis Enrique Baraldini, el ex secretario de la Gobernación, Omar Greppi, estos dos militares. Pidió la misma pena para el médico policial, Máximo Alfredo Pérez Oneto.

Además, requirió la condena de 22 años de prisión para los expolicías Antonio Oscar Yorio, Nestor Bonifacio Cenizo, Carlos Reinhart, 20 años a Oscar Alberto «Miseria» Lopez, Juan Domingo Gatica, 18 años a Hugo Marenchino, 14 años para Jorge Quinteros, 12 años a Luis Lucero, 10 años Orlando Osmar Pérez al igual que Miguel Anguel Ochoa.

En la solicitud, el MPF solicitó también que se les revoque la prisión domiciliaria a los imputados que están bajo esa modalidad, que se les de la baja e inhabilitación por exoneración y que se retire el cobro de la pensión por jubilación o retiro.

Al médico Máximo Alfredo Pérez Oneto se le pidió que le retiren la matricula en todas las jurisdicciones en las que se encuentre actuando.

En virtud reparatoria, también pidió que se restituya de manera inmediata el inmueble de la Escuela Hogar, ocupada por la Brigada Mecanizada del Ejercito, que pase bajo la órbita del Ministerio de Educación y que se incluya una placa que recuerde a las víctimas que pasaron por esa institución.

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